Por Alejandra Ruiz Huerta*
La paridad en la vida política y electoral ha dejado de ser una aspiración lejana para convertirse en una exigencia democrática concreta. Sin embargo, su avance no ha sido terso ni libre de resistencias. Cada espacio ganado por las mujeres en los órganos de decisión ha debido abrirse paso frente a inercias culturales, prejuicios persistentes y estructuras históricamente dominadas por hombres. Las cifras más recientes de ONU Mujeres (febrero, 2026) lo muestran con claridad: aunque hay avances visibles en representación, el ritmo sigue siendo insuficiente y, de mantenerse la tendencia actual, la igualdad en los más altos espacios de decisión no se alcanzará en los próximos 130 años.
A nivel global, el panorama refleja esa mezcla de progreso y rezago. ONU Mujeres reporta que, al 1 de enero de 2026, solo 28 países tienen 30 mujeres como jefas de Estado y/o de Gobierno; además, las mujeres ocupan apenas el 27.2% de los escaños en los parlamentos nacionales y el 22.4% de las carteras ministeriales. Es decir, la presencia femenina en la política ya no es excepcional, pero todavía está lejos de representar una distribución equilibrada del poder. La desigualdad no radica únicamente en el acceso, sino en la velocidad con la que ese acceso se traduce en presencia sustantiva en los espacios donde se toman las decisiones centrales del Estado.
México forma parte de ese avance y también de esa tensión. Hoy el país tiene una mujer en la Presidencia de la República y 13 gobernadoras en funciones, un dato que hace apenas unos años habría parecido improbable y que confirma un cambio profundo en la integración del poder público. No obstante, incluso en un escenario de avances tan significativos, la paridad no puede medirse solo por los cargos de mayor visibilidad. Mientras el liderazgo femenino crece en la cúspide, la presencia de mujeres en otros ámbitos del poder territorial y municipal sigue siendo menor, lo que revela que el proceso de igualación todavía es desigual e incompleto.
Ahí radica uno de los principales desafíos de nuestro tiempo: entender que la paridad no se agota en la reforma legal ni en el cumplimiento numérico. Las resistencias sociales siguen operando en formas sutiles y abiertas: descalificación, estereotipos de género, sobreexigencia, violencia política y cuestionamientos permanentes a la legitimidad del liderazgo femenino. Aquí, la evidencia internacional confirma que, cuando existen medidas concretas para acelerar la inclusión, la representación mejora; cuando no las hay, la desigualdad se perpetúa.
La conclusión es tan clara como incómoda: sí ha habido avances, y son innegables; pero también es cierto que esos avances conviven con una resistencia social que busca ralentizarlos, minimizarlos o deslegitimarlos. La democracia paritaria no puede entenderse como una meta simbólica ni como una moda discursiva, sino como una condición indispensable de legitimidad democrática. Si el mundo tardaría todavía 130 años en alcanzar la igualdad en los máximos espacios de poder, el mensaje es contundente: no basta con celebrar los logros alcanzados; hace falta acelerar el cambio, defender lo conquistado y asumir que una democracia sin paridad real sigue siendo, en el fondo, una democracia incompleta.
*Periodista y actualmente funcionaria del Tribunal Electoral de Veracruz.
Crédito de la fotografía: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
