En Tabasco, el derecho a saber está garantizado, al permanecer la obligación de la publicación de información por los sujetos obligados, el poder realizar solicitudes de información y la protección de datos personales, afirmó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Mileyli María Wilson Arias, quien remarcó que las y los ciudadanos cuentan con medios de defesa para exigir su cumplimiento.
En conferencia de prensa matutina, la servidora pública apuntó que la responsabilidad de hacer pública la información recae en los órganos internos de control de los tres poderes y órganos autónomos del Gobierno del Estado, quedando bajo la competencia del Poder Ejecutivo, conocer recursos de revisión y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de datos personales, también de los municipios.
Subrayó que, las y los tabasqueños contarán con el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco, organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con autonomía técnica y de gestión, presupuesto personal y libre determinación respecto a su capacidad operativa y resoluciones.
El organismo garante estatal conocerá los asuntos en materia de transparencia y protección de datos personales del Poder Ejecutivo y de los municipios, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes y reglamento.
Al dar a conocer las nuevas normativas en materia de transparencia y protección de datos personales, producto de las reformas constitucionales aprobadas a nivel federal el 20 de diciembre de 2024, y en el estado el 19 de marzo de 2025, Wilson Arias enfatizó que las atribuciones conferidas a la Secretaría Anticorrupción “fortalecen el derecho a la información y a la protección de datos personales como pilares fundamentales del Estado Democrático”.
“Esta nueva etapa de organización institucional deriva de un mandato legislativo que surgió con las reformas para garantizar la armónica coordinación, evitar la duplicidad de funciones, atender los criterios de austeridad, simplificar la administración y definir las nuevas autoridades garantes”, puntualizó.
Recordó que derivado de la emisión de las Leyes Orgánica del Poder Ejecutivo; del Sistema Anticorrupción; de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales, se concretó la extinción del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA); no obstante, los derechos de las y los ciudadanos para acceder a información pública siguen vigentes, pues solo se trata de cambios institucionales.
“Asumiremos esta nueva encomienda para fortalecer el combate a la corrupción, privilegiando la transparencia y la rendición de cuentas como principios de actuación gubernamental, que generen confianza, credibilidad y sigan representando nuestra mejor forma de relacionarlos y cumplirle al pueblo de Tabasco”, enfatizó.
La secretaria Anticorrupción resaltó que la nueva legislación establece esta obligación “sin distinción alguna”, por lo que, todas y todos los ciudadanos siguen contando con medios de defensa para exigir el cumplimiento de este derecho, como las denuncias ya sea de manera presencial o escrita.
“Al interior de cada entidad, sea del orden estatal o municipal, existen las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información, son quienes reciben, sea a través de la plataforma nacional o de manera presencial, a través de un escrito o solicitud verbal, las solicitudes que todos los ciudadanos deseen realizar en cuanto a asunto público”, detalló.
En el encuentro con los medios de comunicación realizado en el salón “José Gorostiza” de Palacio de Gobierno, la servidora pública refirió que la protección de datos personales en posesión de los particulares queda a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal, la cual además conocerá de los recursos de inconformidad cuando se trate de recursos públicos federales.
Añadió que, para asegurar la transparencia y la protección de datos personales en los tres órdenes de gobierno, las y los ciudadanos cuentan con los juzgados especializados en materia de transparencia del Poder Judicial, como última instancia para hacer valer su derecho a la información pública.
