Cuauhtémoc, Ciudad de México. 26 de noviembre 2025. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación; José Antonio Peña Merino, director de la agencia de transformación digital; Jorge Luis Pérez Hernández Coordinador Nacional de Infraestructura Digital; Raúl Soto García Director Ejecutivo Interino de INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación; Arturo Reyes-Sandoval; Director general de Instituto Politécnico Nacional; Héctor Benítez Pérez, director general de cómputo y de tecnologías de información y comunicación de la UNAM; Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia. Foto: Gabriel Monroy/Presidencia
Debido a las protestas y bloqueos que han realizado los agricultores en contra de la iniciativa de la Ley de Aguas, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó los detalles de esta propuesta de reforma.
De acuerdo con Morales, la iniciativa promete: la garantía del binomio tierra-agua, mantener los derechos de agua para heredar, asegurar los derechos de todos lo que tienen una concesión, evitar el acaparamiento (retirando los títulos de concesión que no sean utilizados) y promover la tecnificación en el riego.
Además, detalló que la reforma incluye las bases para la reglamentación del artículo 4º Constitucional, por lo que la Ley de Aguas será para sentar las bases para que el Estado mexicano recupere el manejo de las aguas nacionales en favor de la población.
Cabe recordar que los agricultores, quienes junto con transportistas han realizado bloqueos en distintas vialidades del país, aseguran que, si se aprueba la Ley de Aguas, se desaparecería la figura de transmisión de derechos de agua, es decir, que ya no se podrían heredar o ceder los derechos de agua.
También señalan que las prórrogas de las concesiones se convertirían en un problema burocrático, y se corre el riesgo de judicializar como “delito hídrico” lo que históricamente ha sido de carácter administrativo.
